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| Una niña musulmana estadounidense en el Día Mundial del Hijab celebrado el pasado 1 de febrero en Nueva York. AMR ALFIKY REUTERS |
La ciudad de Nueva York va a tener que compensar a tres mujeres musulmanas que fueron forzadas a quitarse sus hijabs para poder hacerles las fotos de la ficha policial tras ser arrestadas. El acuerdo alcanzado entre las demandantes y el Departamento de Policía busca así sentar un “buen precedente” para que sus agentes respeten y protejan las tradiciones religiosas de los detenidos.
Los tres casos se resolvieron al margen de los tribunales el pasado lunes. En concreto, se abonará 60.000 dólares a cada una de las demandantes. Uno de ellos data de 2012, cuando una joven identificada por las iniciales G.E. fue detenida por una pelea con otras dos menores. La detenida fue trasladada en un primer momento a una comisaría en el barrio de Bath Beach, en Brooklyn.
Lo agentes pidieron a G.E. que se quitara su hijab para poder fotografiarla, pero la joven se negó y se le facilitó una sala privada para que fuera una mujer la que le hiciera la foto. El problema fue que, cuando la trasladaron a la Brooklyn Central Booking, estuvo 20 minutos con la cabeza al descubierto para que le realizaran una segunda foto ante la presencia de policías varones y otros prisioneros.
La cámara estaba fija y en ese momento no había agentes de policía mujeres que pudieran hacerle la foto para la ficha, según se le explicó. La policía de Nueva York ya adoptó en mayo de 2015 nuevas directrices que establecen que los agentes deben informar a las personas que cubren sus cabezas por cuestiones religiosas que tienen la opción de hacerse las fotos en privado, con una persona de su mismo género.
La abogada de G.E., sin embargo, presentó dos demandas más después por incidentes similares que se produjeron tras entrar en vigor las nuevas reglas. A una mujer le retiraron el velo también al hacerle la ficha policial, y a otra más en el momento del arresto. Con la solución de este triple caso, la abogada espera que se establezcan nuevas guías de actuación que protejan el ejercicio de las libertades religiosas.
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